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El Ministro Luis María Aguilar ha creado un proyecto que pretende restringir el acceso a los defensores de DDHH a los expedientes de las víctimas.
24 DE AGOSTO DEL 2019
En México existen más de 3,000 asociaciones civiles activas dedicadas a la defensa de los derechos humanos, si bien la mayoría de las personas involucradas en estas organizaciones cuentan con cédula profesional (Licenciatura en derecho), muchos otros no son profesionistas en la materia, por lo que utilizan los nombramientos y llamadas "charolas".
Estas personas, que dicho sea de paso, la mayoría se capacita e incluso especializa en derecho humanos, se dedican a brindar asesoría legal y acompañamiento a personas a las que se le han violado sus derechos, siendo sectores como los migrantes, mujeres en estado de vulnerabilidad económica, entre otros, los más beneficiados.
Sin embargo, esta labor se pone en peligro con el proyecto del ministro Luis María Aguilar, quién por cierto el año pasado se vio envuelto en un escándalo al publicarse que su hija Ana Elena Aguilar Arrangoiz (cirujana dentista) integra la ponencia del ministro Alberto Pérez Dayán, cobrando un salario neto de 26 mil 398 pesos mensuales, además de contar con prestaciones superiores a las de la ley.
El proyecto del ministro señala que sólo los abogados (con cédula profesional) podrán acceder a las carpetas de investigación, impidiendo que las organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la defensa, asesoría y acompañamiento puedan coadyuvar.
Alrededor de 100 organizaciones de la sociedad civil han rechazado el proyecto, pues representa una limitación en la defensa legal de personas especializadas en derechos humanos. Uno de los sectores de la población más afectada será la de los migrantes.
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